Nunca Más... Por una Memoria Completa que nos brinde Justicia y Verdad
La memoria completa
La sociedad argentina se encuentra, por estos días, inmersa en una gran crisis social, económica, política, jurídica y, hasta educativa.
Las grandes ciudades están siendo presas de la delincuencia que día a día incrementa su violencia contra los ciudadanos de bien quienes cuentas sus pérdidas materiales y en vidas humanas, contra el estupor que causa observar a los delincuentes con más derechos y garantías que los propios ciudadanos. Por doquier comprobamos que los Derechos Humanos son exclusivos para quien asesina, roba y daña, mientras que ellos no existen para la sociedad de bien.
La educación, funcionando como maquinaria de adoctrinamiento, ha perdido su función formadora, dejando a miles de niños y jóvenes al borde de la ignorancia y el analfabetismo. 1 de cada dos jóvenes no culmina sus estudios secundarios, y uno de cada 100 sólo alcanzará a culminar sus estudios universitarios o terciarios, en carreras dominadas por la formación social en un mundo que demanda técnicos y expertos en nuevas tecnologías.
La justicia abarrotada de situaciones de toda índole, colapsada y cooptada por jueces amigos del Poder, que la han puesto patas para arriba, en la defensa de los intereses de los poderosos, muchas veces corruptos que se mantienen en el poder a costas del fraude y la corrupción sostenida por los escacísimos recursos estatales.
Todo ello justificado a partir de la continua crisis económica que desde hace décadas no ha hecho otra cosa que profundizar el estado de decadencia nacional, y desde hace dos décadas, alimentada por el odio y el resentimiento clasista de quienes se aprovechan de ello, argumentando luchas y peleas épicas inspiradas en la peor época de la Historia Argentina: la década del '70 y el período conocido como Golpe de Estado y Dictadura Militar, muchas veces sobre la cual recae la justificación de todas las causas a nuestras crisis.
Conocer su naturaleza y los hecho que acontecieron en tal período de nuestra historia, nos permite distinguir e identificar los errores que nos conducen a esta espiral de crisis y decadencia, y nos empuja a buscar la Verdad y la Justicia teniendo en nuestra memoria, los verdaderos hechos que condujeron a ello.
Las nuevas pruebas surgen por doquier
En mayo de 2017, el Gobierno de Cambiemos, encabezado por el Presidente Macri, desclasificó los decretos 1302/74 y 993/75, ambos de carácter secreto y clasificado, que dieron inicio a la era más oscura de la Historia Argentina: el Terrorismo de Estado.
El Decreto - Secreto - Nº 1302, fechado el 27 de abril de 1974 y firmado por el Presidente Juan D. Perón, junto al Decreto - también Secreto - Nº 993 fechado el 16 de abril de 1975, firmado por la Presidente Isabel Martínez de Perón, ambos presidentes Constitucionales y democráticamente electos, fueron desclasificados por orden del Presidente Mauricio Macri el 26 de mayo de 2017 como una forma de traer luz a esta parte de la historia tan dolorosa y cuestionable.
En el decreto secreto 1302/74, luego del asesinato de José Ignacio Rucci a manos de la guerrilla embanderada bajo la conducción del ERP, y de los crímenes cometidos a diario por Montoneros, el presidente Juan Domingo Perón acusó a la "subversión armada" de atacar la democracia "pluripartidista", por lo cual ordenó enfrentarla, para exterminar la guerrilla, misma que en los '70 colocaba en promedio 2 bombas al día asesinando a miles, bajo la excusa de la "lucha armada por una Revolución" que se completaría incluso, a costa de la Democracia y sus valores, cosa que el mismísimo Perón comprendió a la perfección. Este decreto lleva la firma del presidente J. D. Perón y de su Ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, destinado a los Ministros del Gabinete Nacional, al Secretario de Informaciones de Estado, a los Comandantes Generales, al Subsecretario de Planeamiento para la Defensa y al Jefe de Estado Mayor Conjunto, es decir, a todo su gobierno. Posteriormente, en julio del mismo año, se desencadenaría la persecución política a manos del estado, con la creación de la Triple A, obedeciendo a este decreto y a otras directivas gubernamentales de lucha y persecución de la guerrilla argentina.
Luego de su muerte, y con la jura en el Poder por parte de su esposa, y ante la escalada de violencia, en 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenó el uso de fuerzas militares para la represión y el exterminio en la provincia de Tucumán para enfrentar al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Tal orden emanó del Decreto Nº 993/75 y se inició con el inicio del Operativo Independencia, un hecho que abrió las puertas al terrorismo de Estado.
Los estudios históricos nos demuestran que los gobiernos peronistas de la década del setenta: el de Héctor José Cámpora (mayo de 1973-julio de 1973), el de Raúl Lastiri (julio de 1973-octubre de 1973), el de Juan Domingo Perón (octubre de 1973-julio de 1974) y el de María Estela Martínez de Perón (julio de 1974-marzo de 1976), se caracterizaron por el notable incremento de la violencia política de las organizaciones político-militares, los grupos paraestatales y de la represión legal y clandestina, a lo que se le sumó una creciente conflictividad social. Tambien es sabido que durante esos años, y con énfasis desde principios de 1974, el gobierno nacional empezó a utilizar cada vez más al Ejército, para las tareas de seguridad, bajo el concepto de lucha antisubversiva, es decir para llevar a cabo la guerra interna contra la guerrilla.
La desclasificación de estos documentos ha permitido obtener una nueva óptica y una nueva argumentación para echar luz al relato oficial, casi siempre muy teñido de resentimientos y sobre todo, de profunda carga ideológica que le ha impreso un enorme sesgo que lo ha tornado ya inaceptable por gran parte de la población y la ciudadanía, lo que se suma al profundo rechazo social del nuevo negocio político-económico del discurso de odio de las Organizaciones de Derechos Humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Estas nuevas pruebas históricas, y la tradición del Partido Radical de reconocimiento de los Juicios y tanto a la Junta Militar, como a las Cúpulas Guerrilleras, nos permiten elaborar una nueva crítica y la construcción de una verdad histórica que tienda a la unificación nacional y la búsqueda de la más estricta verdad como la única forma de cerrar las heridas.
Copia de los Decretos desclasificados Nº 1302/74 y 993/75
La Persecución de la Verdad y la Justicia
En enero de 2017, el reconocido premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, afirmó que es hora de que la Justicia busque en el último mandato de Juan Domingo Perón la raíz del terrorismo de Estado que ensangrentó a la Argentina en la década de 1970. Así fue que durante una entrevista telefónica con la agencia norteamericana de noticias, The Associated Presss, Pérez Esquivel afirmó que "de una vez por todas tenemos que llegar al problema en sí, a descubrir cómo se generó el terrorismo de Estado. Esto se vino armando desde el tercer gobierno de Perón".
Los secuestros y asesinatos de peronistas que se sucedieron durante los 20 meses de mandato de Isabel Perón siempre fueron considerados el origen de la "guerra sucia" emprendida por la dictadura, en la que desaparecieron miles de personas.
"La búsqueda de la verdad debe ir en todas las direcciones. Perón también deberá asumir su responsabilidad", dijo Pérez Esquivel. Para el premio Nobel, la hegemonía del peronismo en la política nacional no será un obstáculo en el camino a esa verdad.
"Creo que los argentinos hemos madurado lo suficiente como para llegar hasta el propio Perón en las investigaciones sobre los crímenes de los setenta", dijo Pérez Esquivel. Además, sostuvo que "Perón no es un intocable".
Hagamos un poco de Historia
Para poder lograr una comprensión de los dichos de este premio Nobel, y acercarnos a la verdad de los hechos de esta oscura parte de nuestra historia, debemos observar y analizar detenidamente sus aristas.
En junio de 1973, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina tras 18 años de exilio. La escalada de violencia política no se detuvo con su regreso, sino que por el contrario, aumentó exponencialmente. Las facciones antagónicas del Partido Justicialista, que él había creado en los años '50, se enfrentaron a tiros durante el arribo de su líder, con un saldo de decenas o cientos de muertos, cosa que nunca se sabrá con exactitud. Meses después, Perón asumía su tercera presidencia mientras en las sombras una estructura paraestatal de extrema derecha comenzaba una campaña de persecución de la izquierda, la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la Triple A.
Esta estructura fue comandada por el ministro de Bienestar Social de Perón, José López Rega, y estuvo integrada por miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. La Triple A fue responsable de más de un millar de homicidios de peronistas de izquierda, marxistas y sindicalistas disidentes hasta 1976, según consta en las investigaciones judiciales.
El Terrorismo de estado se inicia con las actividades parapoliciales de la Triple A. Pues los integrantes de esta Organización parapolicial pertenecieron a la estructura del Estado, y por lo tanto cometieron terrorismo de Estado, aunque durante un gobierno democrático. El Gobierno Peronista de Perón.
Perón murió en julio de 1974 dejando en el poder a su vicepresidenta y viuda, María Estela Martínez, y a una Argentina en una situación de extrema inestabilidad política. El gobierno estaba presionado por la crisis económica y los reclamos de los asalariados, y los grupos guerrilleros de Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, de naturaleza trotskista) se habían sumergido en el baño de sangre, realizando atentados, secuestros y asesinatos a diario, al tiempo que el accionar de la Triple A llegaba al paroxismo.
Frente al aumento de los ataques terroristas contra las autoridades constitucionales, manifestados principalmente en asesinatos, secuestros, extorsiones y otros crímenes perpetrados contra civiles y militares, la presidenta María Estela Martínez de Perón, ordenó a las fuerzas armadas intervenir y "aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán", mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975.
A esta acción bélica se la denominó Operativo Independencia, y durante su desarrollo el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina accionaron en Monteros, en la provincia, para aniquilar a la Compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, y a los militantes Montoneros enviados a apoyarlos, que buscaban crear un "foco revolucionario" en el monte tucumano.
En octubre de 1975 los ministros del gabinete nacional firmaron tres decretos que dieron entidad legal al accionar represivo. Isabel no firmó los decretos porque se encontraba enferma y, según la ley de acefalía, el poder era ejercido por el entonces presidente provisional del Senado Ítalo Luder, pero según la justicia, tales documentos oficiales habrían tenido su aprobación tácita.
El domingo 5 de octubre de 1975, la organización guerrillera Montoneros atacó los cuarteles del Regimiento de Infantería Monte 29, el Casino de Suboficiales de dicha fuerza y el Aeropuerto "El Pucú" de la Ciudad de Formosa. La intención fue demostrar al Ejército y a la opinión pública que Montoneros había desarrollado la suficiente capacidad militar para atacar al Ejército, provocandole una gran cantidad de bajas.
Por esta razón, el Presidente del Senado de la Nación, Ítalo Luder, extendió a todo el país la política de "aniquilar" el accionar de los elementos "subversivos" que había sido iniciada pocos meses antes, con el mencionado Operativo Independencia, solo en la provincia de Tucumán. La orden la impartió a través del dictado de tres nuevos decretos de aniquimaiento: el Decreto 2770/75, el Decreto 2771/75 y el Decreto 2772/75.
El decreto número 2770/75, creaba dos Consejos: El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares, cuya función era dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”. Y el Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuya función era la que más le interesaba a los militares por su alcance, ya que les permitía (entre otras cosas) conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión; planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Policiales.
El decreto 2771/75 disponía que el ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa, cediendo jurisdicción.
El decreto 2772/75 ordenó a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". "Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país", decía el decreto que llevaba el número 2.772.
Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso de la Nación el día 29 de octubre de 1975.
Gobierno Nacional de 1975, encabezado por la Presidente María estela Martínez de Perón, el Presidente del Senado de la Nación, Ítalo Lúder, y su gabinete de gobierno
Debemos aclarar el carácter secreto de estas normativas, pues tanto el decreto 261 del 5 de febrero, como el 2772, de octubre, fueron conocidos públicamente recién el 24 de septiembre de 1983, cuando los publicara el Diario La Prensa, de Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1983, en su página 4.
El Kirchnerismo y el Relato de la Juventud Idealista
La llegada al Poder del Partido Radical, con la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983, trajo un hecho que marcó una tendencia política mundial, y quedó grabado en el bronce de la Historia Universal: El Juicio a las Juntas Militares y a las Cúpulas Guerrilleras, y el famosísimo Informe "Nunca Más", de autoría de Ernesto Sábato, con la inestimable colaboración de las Organizaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, el agobio por parte del Partido Peronista y sus estructuras sindicales, y la crisis económica reinante, aceleró la crisis política que culminó con la entrega anticipada del mandato presidencial al Peronista Carlos S. Menem.
Como parte de los acuerdos políticos, Menem indultó a las Juntas Militares y las Cpulas guerrilleras enjuiciadas y ajusticiadas por el gobierno anterior. Una década después, el continuo ciclo de crisis económicas puso en el Poder a otro radical, Fernando De La Rúa, quien abandonó el Poder agobiado por la inestabilidad política y social reinante.
Este segundo fracaso del radicalismo en el Poder puso en jaque su legitimidad política y de conducción de procesos, hecho rápida y hábilmente advertido por el presidente Néstor Kirchner. Ante este vacío de identidad y liderazgo en la cuestión de los Derechos Humanos, las Organizaciones Civiles de lucha por los Derechos Humanos rápidamente fueron captadas por la llamada Izquierda Peronista liderada por Kirchner, otorgando reconocimientos económicos y sociales, y mediante la prensa oficial, el reconocimiento político a su lucha, instalando con la propaganda oficialista, la idea de la Juventud Maravillosa y la Juventud Idealista.
De esta forma, el gobierno de Kirchner se baño de"fueros" al abrazarse a las causas de los Derechos Humanos, acto que luego fue seguido por los ámbitos de toda la cultura, instalando un relato épico llamado "Relato Setentista" de la historia, una suerte de "historia oficial" continuado y profundizado en su instalación por el gobierno populista.
Esta idea sesgada y falsamente construida sobre los ideales de esa supuesta juventud idealista y maravillosa, montada sobre un gran reláto épico, y sostenido por el enorme aparato de propaganda estatal, a manos de las facciones más fanatizadas del Kirchnerismo, ha sido hábilmente utilizada para dividir a toda la sociedad, sembrándola de odio y rencores que alimentan a diario a la grieta que está desgarrando a nuestra nación.
Y es por esta razón, y por la realidad que aturde a toda la sociedad, que pretendemos arrojar un halo de luz que arroje claridad y certezas para el análisis y la formación de opinión sobre esa tan triste etapa de la historia de todos los argentinos, buscando cerrar heridas y acercar a los individuos con la verdad de los hechos, despojados de relatos y épicas propagandísticas.
El 24 de marzo de 1976 fue, quizás, el golpe de estado más anunciado y solicitado por la sociedad argentina, pero sobre todo, por el propio peronismo que lo sufrió en carne propia. Las pruebas nos alejan a los radicales de la trillada falsedad que nos pesa como acusación de ser quienes golpeamos las puertas de los cuarteles para pedir la caída de los exitosos gobiernos peronistas. La mentira está llegando a su fin, y los verdaderos responsables de la época más oscura de nuestra historia están saliendo a la luz de las pruebas históricas y científicas.
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